Bajo una cobertura jurídico-policial, la operación militar especial «Resolución Absoluta» ha concluido con una decapitación parcial de la conducción política de Venezuela. La captura de Nicolás Maduro representa un punto de inflexión operativo en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, propia del orden internacional en transición. Sin embargo, su efecto estratégico se define en otros campos de acción: la capacidad de resiliencia del Estado venezolano, la coherencia estratégica del estado final deseado por Washington y las gestiones diplomáticas públicas y secretas de alto nivel. El evento ha transitado de una acción directa a un mecanismo estadounidense para instalar una transición política en Venezuela con alcances energéticos y geopolíticos.

Por otra parte, una evaluación de la capacidad de respuesta militar de la FANB frente a la operación exige cautela analítica. La ausencia de una reacción antiaérea visible no puede interpretarse automáticamente como incapacidad estructural. En esta fase inicial, resulta clave distinguir si el silencio operativo obedeció a una supresión efectiva de las defensas antiaéreas venezolanas mediante guerra electrónica y acciones de supresión de defensas (SEAD) o, alternativamente, a una decisión política deliberada. En cualquier caso, fuentes OSINT han registrado indicios de acciones limitadas de contención, particularmente asociadas al empleo o despliegue disuasivo de sistemas MANPADS tipo Igla, lo que sugiere que el aparato militar no estuvo completamente inactivo, sino operando bajo restricciones tácticas específicas.

Notas:

• Análisis realizado en base a información pública. La dimensión visible de la crisis está complementada por negociaciones diplomáticas discretas que podrían estar definiendo márgenes de negociación reales, acuerdos tácitos sobre el futuro energético de Venezuela, o incluso líneas rojas militares y políticas. 
• Dato clave: El petróleo no mostró una reacción significativa en el precio de cierre. El último dato disponible corresponde al viernes 2 de enero, con caídas leves (WTI: US$57,32/barril, -0,30%; Brent: US$60,75, -0,16%). El ajuste real se observará el lunes con la apertura del mercado. Dada la naturaleza de la producción venezolana, no se esperan disrupciones inmediatas en este ámbito.

1. Respuesta institucional venezolana: Continuidad bajo presión

Contrario a la hipótesis de colapso inmediato, la estructura de poder en Caracas ha demostrado una resiliencia notable. La captura de Maduro constituyó una decapitación parcial, la arquitectura institucional del chavismo mantuvo el control operativo del Estado, las Fuerzas Armadas y los mecanismos de sucesión constitucional. La acción punitiva fue absorbida y procesada a través de los propios mecanismos institucionales; las primeras 72 horas serán vitales para su consolidación.

La declaración del Tribunal Supremo de Justicia, que ordena a Delcy Rodríguez asumir como Presidenta Encargada, la realización del Consejo de Defensa Nacional y la declaración de acatamiento del Ministerio de Defensa, constituyen la activación de un protocolo interno de continuidad. Esto otorga una capa de legalidad a la sucesión y consolida un mando unificado.

Con una Caracas en orden, esta maniobra refleja una adaptación institucional destinada a cerrar filas, proyectar control político y negar a Washington un vacío de poder que justificara una intervención administrativa directa. El llamado a la «unidad» y el mantenimiento de la cadena de mando militar son los pilares de esta estrategia de supervivencia institucional.

2. La definición del estado final deseado de washington: Petróleo como fin, transición como forma.

Las declaraciones del presidente Donald Trump han transitado de la justificación legal (narcoterrorismo) a la explicitación de un objetivo final de orden geopolítico y económico. El análisis de fines, formas y medios revela una lógica estratégica clara: el fin es el control del sector energético venezolano para redirigir flujos y asegurar un colchón estratégico de crudo pesado; la forma declarada es una transición política administrada desde Washington; y los medios son la combinación de acción jurídico-policial, presión económica y eventuales acciones coercitivas de naturaleza militar.

Hoy 04 de enero Trump advirtió a Delcy Rodríguez: “si no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente más grande que Maduro”. Esta declaración refuerza la narrativa de presión máxima y confirma que la administración estadounidense no aceptará un gobierno que rechace su marco de transición. Adicionalmente, Trump mencionó abiertamente el interés en Groenlandia con fines de seguridad nacional, describiéndola como “rodeada de barcos rusos y chinos”. Esto sugiere una visión expansionista de la seguridad energética y geoestratégica, no limitada a Venezuela.

• La transición política como forma estratégica

La insistencia en «administrar Venezuela hasta una transición segura» no es un objetivo en sí mismo, sino la forma operativa para alcanzar el fin energético y de seguridad. Una transición controlada permitiría reconfigurar la arquitectura legal, contractual y operativa de PDVSA y las empresas mixtas, desplazando progresivamente a socios chinos y rusos en favor de actores alineados con intereses estadounidenses. Esta forma política busca crear las condiciones para un cambio sostenido en los flujos de exportación sin necesidad de una ocupación militar permanente, que sería costosa e internacionalmente problemática.

• El objetivo energético como fin central

La consigna de «poner a funcionar el petróleo» traduce la «Doctrina Trump» en un plan de acción concreto. Asegurar el control y la reactivación de las reservas de hidrocarburos tiene dos dimensiones inseparables:

Dimensión comercial: Redirigir el flujo petrolero desde el mercado asiático —predominantemente chino— hacia un circuito de suministro hemisférico bajo influencia estadounidense. En noviembre de 2025, China concentró aproximadamente el 80% del total de crudo y combustibles exportados por Venezuela (746 kb/d), mientras que los envíos hacia Estados Unidos —habilitados por la operación autorizada de Chevron— alcanzaron cerca de 150 kb/d. En otros meses recientes, Reuters ha reportado que compradores vinculados a China llegaron a absorber más del 90% de las exportaciones.

Dimensión geopolítica: Obtener un colchón estratégico que reduzca la exposición estadounidense a shocks externos. Aunque EE.UU. fue exportador neto de petróleo en 2023, Venezuela representa una fuente cercana de crudo pesado que podría moderar riesgos de precio y disponibilidad en escenarios de crisis en Medio Oriente o en chokepoints marítimos. Así mismo, consolidar una política de negación de área a sus competidores sistémicos y fortaleciendo su esfera de influencia en términos de seguridad.

3. El encuadre penal como habilitante estratégico

La participación destacada de agencias como la DEA en la operación no es un detalle menor. Este encuadre deliberado —penal, no militar o diplomático— ejecuta una maniobra de acción directa de nuevo tipo que habilita estratégicamente los objetivos energéticos de Washington.

• Legitimación de la intervención 

Al criminalizar a Maduro como «presunto líder de una organización criminal», se construye una narrativa de seguridad pública y combate al narcotráfico que reduce el costo político doméstico e internacional de la intervención. Al amparo de la doctrina Ker-Frisbie, una controvertida norma de la jurisprudencia estadounidense que establece que la forma en que un acusado es llevado ante un tribunal no impide su enjuiciamiento, este marco busca eludir las barreras del derecho internacional tradicional sobre soberanía e inmunidad, presentando la acción no como una agresión interestatal, sino como una operación de aplicación de la ley contra el crimen transnacional con un alcance extraterritorial.

• Facilitación del control energético

El encuadre penal no es independiente del objetivo petrolero: crea las condiciones para intervenir en PDVSA y las empresas mixtas bajo el argumento de «desmantelar estructuras criminales». Ya en la vísperas de navidad EE.UU. declaró haber degradado infraestructura portuaria de la industria petroquímica la cual -según su versión- se empleaba como infraestructura logística de narcotráfico.

Esto permitiría a Washington avanzar en la reconfiguración del sector energético al amparo de un marco jurídico-policial, sin confrontar abiertamente principios de soberanía económica y allanando el camino para cambios en contratos, socios comerciales y destinos de exportación.

Evaluación: Se inicia una normalización de un nuevo estándar. La operación establece un precedente peligroso, la transformación de líderes políticos adversarios en objetivos de la justicia penal interna estadounidense. Esto difumina intencionadamente la frontera entre política exterior y aplicación de la ley nacional, desplazando la acción coercitiva hacia el ámbito aparentemente técnico de la lucha contra el crimen organizado.

4. La ambigüedad como recurso

La ambigüedad en los planes de administración temporal de Venezuela —evidente en frases como “mantendremos el control del país” y en la falta de claridad sobre mecanismos concretos— no es una omisión, sino un recurso estratégico deliberado por parte de Washington. Esta ambigüedad calculada opera como un arma de doble filo, cuyos efectos dependen de la capacidad de cada actor para explotarla o mitigarla.

• Para Washington: presión máxima y flexibilidad táctica

La falta de definición operativa permite a la administración estadounidense mantener una presión máxima sobre Caracas mientras evalúa opciones, establece negociaciones discretas y calibra respuestas según la resiliencia venezolana y evita comprometerse prematuramente con un esquema que podría generar mayor resistencia internacional o convertirse en un pantano operativo. Sin embargo, esta misma vaguedad conlleva riesgos: dificulta la coordinación interagencial, desalienta a actores económicos que requieren certidumbre para involucrarse y alimenta narrativas críticas —tanto domésticas como internacionales— sobre hegenonismo beligerante y planificación deficiente.

• Para Caracas, legitimidad y oportunidad temporal

El gobierno de Delcy Rodríguez ha capitalizado estratégicamente esta ambigüedad. Expresa una prueba fehaciente de que el objetivo real de Washington es el petróleo, no una “transición política legítima”. Esta narrativa fortalece su postura de resistencia soberana ante la población y la comunidad internacional. Además, la indefinición estadounidense proporciona a Caracas un tiempo valioso para consolidar el control interno, buscar apoyos diplomáticos y explorar espacios de maniobra. La contradicción pública entre las declaraciones de Rodríguez y las advertencias de Trump expone la incoherencia del planteamiento estadounidense y le otorga una ventaja narrativa.

Evaluación: La ambigüedad funciona inicialmente como un multiplicador de fuerza para Washington, pero su utilidad es temporal. Si se prolonga, se vuelve contraproducente: permite a Caracas organizar su resistencia, da pie a que actores internacionales se movilicen en contra de lo que perciben como un plan mal definido y erosiona la credibilidad de la narrativa estadounidense. Las próximas 72 horas serán cruciales para observar si EE.UU. avanza hacia una mayor claridad operativa o decide mantener deliberadamente la ambigüedad como una forma de presión continua, asumiendo los riesgos que esto conlleva

5. Reacciones internacionales y capacidades diplomáticas del Cono Sur

El frente de condena internacional presenta una amplitud retórica significativa, aunque sus implicaciones prácticas varían considerablemente. La capacidad de acción real de los distintos actores, particularmente la del Cono Sur, es el factor que definirá los márgenes de maniobra diplomática disponibles.

Rusia y China: Han emitido condenas formales enérgicas basadas en los principios de soberanía y no intervención, pero su capacidad de acción directa en el teatro caribeño es limitada. Sus respuestas más contundentes se canalizarán probablemente en el Consejo de Seguridad y mediante medidas económicas o diplomáticas indirectas.

Aliados tradicionales de EE.UU. (UE, Reino Unido): Su reacción ha sido de cautela y preocupación por el precedente, enfatizando llamados a la desescalada. Esta postura impone un costo diplomático a Washington, pero es improbable que se traduzca en acciones concretas que obstaculicen seriamente la operación estadounidense, dada la arraigada dependencia energética y de seguridad.

La comunidad latinoamericana enfrenta una prueba aguda que expone tanto sus déficits como sus potencialidades latentes. La reciente declaración conjunta de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España representa un logro diplomático significativo, pero debe analizarse en el contexto de limitaciones profundas:

La diplomacia sudamericana ha estado históricamente condicionada por un razonamiento valórico e ideológico-político que suele primar sobre un razonamiento geopolítico. Esto se manifiesta en respuestas reactivas a crisis, priorización de la afinidad ideológica entre gobiernos sobre intereses nacionales de largo plazo, y una dificultad estructural para articular estrategias regionales cohesionadas frente a intervenciones de potencias extracontinentales. La declaración conjunta, aunque valiosa, aún refleja esta lógica: es una reacción de principios (soberanía, no intervención) ante un hecho consumado, no el resultado de una estrategia preventiva o de disuasión construida con anticipación.

La sostenibilidad de esta posición regional unificada enfrenta un riesgo inmediato y emblemático: la posición de Argentina y el cambio de gobierno en Chile. El presidente electo José Antonio Kast se ha mostrado abiertamente favorable a la intervención militar norteamericana, alineándose con el discurso de la «lucha contra el narcoterrorismo». Su asunción introduce un factor de fractura potencial dentro del propio bloque declarante. La formula política que defina para los equipos gubernamentales en la acción exterior, será un test decisivo. 

Un viraje chileno hacia el apoyo explícito o tácito a Washington debilitaría críticamente el frente sudamericano, otorgaría legitimidad regional a la intervención y demostraría cómo el factor ideológico interno puede anular rápidamente una coordinación diplomática basada en principios.

Evaluación: La declaración conjunta es un acto de resistencia diplomática significativo que demuestra que, ante una amenaza percibida como existencial para el principio de soberanía, la región puede lograr acuerdos mínimos. Sin embargo, su fortaleza es precaria. 

La verdadera prueba no será la retórica diplomática, sino la capacidad para institucionalizar su coordinación, avanzar hacia una iniciativa de mediación concreta (por ejemplo, un Grupo de Contacto de alto nivel) en la ONU o la CELAC, y resistir la presión y la fragmentación que Washington intentará impulsar, especialmente mediante el ofrecimiento de acuerdos bilaterales preferenciales a los miembros más vulnerables de la coalición. Las próximas semanas revelarán si este es el primer paso de una conducta interestatal sostenida o una reacción retórica.

6. Variables de observación inmediata

La situación interna en Venezuela se mantiene en una calma tensa y operativa, donde el control político y militar institucionalizado ha contenido la conmoción inicial. La ausencia de una narrativa operativa cohesionada desde la oposición política confirma que la verdadera prueba para la resiliencia del aparato de conducción estatal no será en las calles, sino en su cohesión interna frente a decisiones económicas apremiantes y la presión externa. Entre otras líneas de observación inmediata, destacan:

• Unidad interna venezolana: Señales de fractura o lealtad dentro del PSUV, las FANB y los poderes judicial y electoral. Definición de itinerarios gubernamentales de gestión de crisis.
• Respuesta de Washington: Clarificación operativa de la ambigüedad estratégica. ¿Se avanza hacia una estructura de administración temporal o se mantiene la presión ambigua?
• Movimiento diplomático: Capacidad de agencia de la comunidad política y diplomática en general y  latinoamericana en particular, mediante coordinación de acción interestatal.
• Mercados energéticos: Reacción de los mercados energéticos y cursos de acción de los grandes consorcios de hidrocarburos.
• Balance de daños de batalla: Verificación oficial de daños, con el objeto de dilucidar si EE.UU. logró suprimir las capacidades antiaéreas venezolanas o si estas no fueron empleadas por cálculo político, lo cual afecta la lectura del resultado operativo y la capacidad disuasiva residual.

7. Conclusiones 

La intervención ha forzado una reconfiguración acelerada del poder en Venezuela, pero no su colapso estatal. El conflicto ha entrado en una fase decisiva donde la diplomacia de alto nivel, la economía y la política interna venezolana son los campos de batalla principales. Las próximas horas serán críticas para observar si la unidad en Caracas se consolida o se agrieta, y si Washington prioriza una negociación funcional —basada en el nuevo marco penal y los imperativos energéticos— sobre una confrontación absoluta. Los efectos de esta crisis son multidimensionales. Desde el interés nacional chileno, se identifica:

• Desafíos al pensamiento estratégico nacional chileno

La crisis venezolana expone deficiencias estructurales en la formulación estratégica chilena, exigiendo:

1. De la reacción a la anticipación: Desarrollar y fortalecer capacidades de inteligencia estratégica, superando la dependencia de evaluaciones externas y produciendo capacidad de anticipación en la conducta estatal.
2. Multilateralismo funcional, no formal: Reemplazar foros declamativos por mecanismos ad hoc de acción rápida con actores clave como Brasil, o aceptar su irrelevancia estratégica.
3. Interés nacional vs. alineamiento ideológico: Definir si la política exterior responde a una doctrina de Estado o a la afinidad ideológica del gobierno de turno. El probable giro del presidente electo Kast hacia Washington es una prueba crítica de madurez institucional.
4. Anticipación de efectos secundarios: Evaluar rigurosamente impactos en precios energéticos, flujos migratorios y el peligroso precedente de judicialización de líderes como herramienta de coerción geopolítica.
5. Fortalecer el razonamiento geopolítico: Desarrollar capacidades y empleo del análisis geopolítico como instrumento de acción política. La formación en pensamiento estratégico es un imperativo de seguridad nacional.

El resultado en Venezuela definirá no solo el futuro de ese país, sino también los límites de una nueva y agresiva doctrina de poder estadounidense y la capacidad de respuesta de América Latina. Para Chile, las ramificaciones exigen disminuir la exposición vulnerable a las disrupciones geopolíticas del orden internacional en transición mediante una estrategia exterior más sofisticada, menos reactiva y mejor fundamentada en un análisis estratégico riguroso e institucionalizado.