“Justice Mission 2025” y el umbral de inestabilidad en el Estrecho de Taiwán

El ejercicio militar “Justice Mission 2025”, desarrollado el 29 y 30 de diciembre por el Ejército Popular de Liberación (EPL), ha concentrado la atención global. Sin embargo, su cobertura suele quedar permeada por propaganda y narrativas de las potencias hegemónicas. Para comprender el acontecimiento y proyectar sus alcances, se requiere una lectura sobria. (ver: Tensión diplomática en el Estrecho de Taiwán, efectos para Chile)

Diciembre de 2025 consolida un desplazamiento cualitativo en el dilema de seguridad del Estrecho de Taiwán. Una secuencia compacta —refuerzo del esquema defensivo de Estados Unidos, Taiwán y Japón; percepción de cruce de umbrales en Beijing; y respuesta multifacética que integra presión diplomática, coerción económica y ejercicios militares— reduce los márgenes de distensión y eleva la probabilidad de incidentes en un teatro donde la señalización estratégica tiende, crecientemente, a incorporar contenido operacional.

Este movimiento no se expresa únicamente en términos militares. La escalada incorpora instrumentos económicos (sanciones selectivas y presión sobre ecosistemas industriales) y opera sobre un teatro que condiciona las variables sistémicas del comercio global: transporte marítimo, seguros, fletes y cadenas de suministro críticas —en particular, la industria de semiconductors, hidrocarburos y componentes tecnológicos avanzados.

Para Chile, la relevancia de este cuadro reside en que la estabilidad del Estrecho constituye una variable de interés nacional, dada la condición geopolítica marítimo‑comercial del país y su incidencia potencial en costos logísticos, volatilidad macroeconómica y continuidad de cadenas de suministro.

En este marco, la coherencia estatal basada en el principio de “Una sola China” y el fortalecimiento de inteligencia estratégica pasan a ser condiciones de previsibilidad y manejo del riesgo, no meras preferencias declarativas.

Para analizar el ejercicio “Justice Mission 2025”, es útil abordarlo desde tres categorías: (i) el dilema de seguridad, (ii) el contraste entre la disuasión por negación y la disuasión por castigo, y (iii) la arquitectura de antiacceso/negación de área (A2/AD) como marco operativo diseñado para impedir o degradar la intervención externa en un escenario de reunificación nacional definido como existencial por la RPCh.

2) Cronología mínima de la escalada

En las últimas 24 horas, el ejercicio militar conjunto chino “Justice Mission 2025” ha concentrado la atención global de analistas y tomadores de decisiones. Si bien esta es la sexta versión de ejercicio de disuasión desde la visita de Pelosi a la isla en 2022, esta operación representa una escalada dentro del repertorio de acciones en torno a Taiwán, al combinar zonas de exclusión marítima y aérea, fuego real y un énfasis explícito en el bloqueo de puertos y la interdicción de líneas de comunicación.

El teatro de operaciones subraya su trascendencia: se trata de un chokepoint primario para la economía global. Esta convergencia entre una demostración de fuerza de alto nivel y una arteria comercial vital exige un análisis sobrio y libre de sesgos propagandísticos, incorporando las variables político‑estratégicas esenciales para comprender sus implicaciones.

Hitos mínimos (nov.–dic. 2025)

7 de noviembre de 2025: La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, declara ante el parlamento que un ataque a Taiwán podría constituir una “situación de crisis para la supervivencia” de Japón, un concepto jurídico que habilitaría su derecho a la autodefensa colectiva, reafirmado por Washington. Beijing califica la declaración de “grave provocación”, reaccionando con una protesta diplomática de alto nivel e imponiendo sanciones económicas específicas.
18 de diciembre de 2025: Estados Unidos notifica formalmente al Congreso un paquete de ventas de armas a Taiwán por valor de 11.100 millones de dólares, el más extenso hasta la fecha. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China condena la venta como una “violación flagrante” del principio de Una sola China y anuncia “contramedidas necesarias” sin especificar.
26 de diciembre de 2025: El gobierno chino notifica la implementación de sanciones concretas contra empresas de defensa estadounidenses y sus altos ejecutivos, vinculadas directamente al complejo militar‑industrial de EE.UU. La Casa Blanca rechaza las sanciones como “injustificadas” y reitera su compromiso con la Ley de Relaciones con Taiwán.
26 de diciembre de 2025: El gabinete del gobierno japonés aprueba un presupuesto de defensa más alto de la historia, acelerando la adquisición de capacidades de “contraataque”, ratificando el creciente revisionismo del pacifismo constitucional. Beijing interpreta esta medida como un “giro peligroso hacia el militarismo ofensivo” y una señal hostil.
29 de diciembre de 2025: El Ejército Popular de Liberación (EPL) inicia el ejercicio militar “Justice Mission 2025”, caracterizado por maniobras de fuego real y un patrón operativo de cerco alrededor de la isla. El Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán condena los ejercicios como una “amenaza a la paz regional” y ejecuta despliegues disuasivos de sus propias fuerzas.

Este encadenamiento convirtió al cierre de 2025 en un punto de inflexión: los componentes económico (sanciones) y militar (ejercicios de cerco) se reforzaron mutuamente, ampliando el teatro de competencia. Justice Mission 2025, por tanto, no es una acción unilateral o irracional de la RPCh; se inscribe como culminación operativa y calculada de la escalada reciente, amparada en el marco reconocido por la comunidad internacional como “Una sola China”.

3) El paquete de ventas estadounidense a Taiwán: un cambio de paradigma operativo

Con un valor de 11.100 millones de dólares, el paquete notificado al Congreso es significativo no solo por su volumen —el mayor en la historia reciente—, sino por su orientación estratégica: potenciar una guerra asimétrica de negación. Su composición está diseñada explícitamente para convertir a Taiwán en un “erizo” defensivo, elevando el costo de una invasión a niveles prohibitivos.

Componentes clave y su función operativa:

• Artillería de largo alcance y movilidad (fuego de precisión distribuido): 82 lanzadores HIMARS y 420 misiles ATACMS proveen capacidad de ataque de precisión a distancias de hasta 300 km, permitiendo golpear fuerzas de asalto anfibio, concentraciones logísticas y nodos críticos.

• Fuegos indirectos orgánicos (apoyo de fuego maniobrable): 60 obuses autopropulsados M109A7 otorgan potencia de fuego móvil y protegida a las brigadas acorazadas y mecanizadas de Taiwán.

• Defensa antitanque en masa (negación del desembarco blindado): más de 1.000 misiles Javelin y TOW‑2B buscan una defensa en profundidad contra vehículos anfibios y blindados en playas y terreno urbano.

• Capacidades de reconocimiento y mando (conciencia situacional y resiliencia): sistemas de drones Altius‑700 para vigilancia de largo alcance, junto con una red moderna de mando y control (C2), son fundamentales para dirigir el sistema disperso y sobrevivir a ataques iniciales contra nodos de comando.

En esencia, este paquete busca implementar una lógica A2/AD a escala táctica y operacional dentro de la isla, pasando de una defensa estática a un concepto dinámico de disuasión por negación basado en movilidad, precisión y resiliencia.

En términos de teoría de la disuasión, la estrategia dominante es la disuasión por negación: disuadir un ataque haciendo inviable su éxito militar mediante la ampliación de capacidades de interdicción, dispersión, supervivencia y resiliencia logística. El fin último es impedir una victoria rápida en caso de una eventual operación militar especial de la RPCh, elevando sistemáticamente el costo, la duración y la incertidumbre de cualquier conflicto. En esencia, se trata de hacer operacionalmente inalcanzables los objetivos decisivos del adversario dentro de un horizonte temporal corto.

Sin embargo, este mismo paquete desarrolla capacidades ofensivas de largo alcance. Los misiles ATACMS trascienden la lógica puramente defensiva y, desde Beijing, pueden interpretarse como un movimiento hacia una capacidad de castigo limitado (limited strike capability), al sugerir la posibilidad de lanzar golpes de precisión contra blancos en la costa continental.

Esta percepción altera el cálculo de disuasión: en lugar de solo negar una invasión, Taiwán podría estar desarrollando un poder de retaliación punitiva. En respuesta, China podría ver fortalecidos los incentivos para una neutralización preventiva de estas “púas” defensivas, considerándolas una amenaza de primer orden que debe ser desactivada antes de alcanzar plena operatividad. Esto se amplifica con la política sostenida de Japón por desarrollar capacidades estratégicas ofensivas, reconfigurando los equilibrios de poder en el teatro.

4) Contramedidas chinas: sanciones como señalización y coerción económica

La respuesta de China se oficializó el 26 de diciembre. Consistió en un paquete de sanciones punitivas dirigido a 20 empresas y 10 ejecutivos estadounidenses vinculados a la venta de armamento a Taiwán. La selección de objetivos no se limita a proveedores específicos del contrato: incluye grandes conglomerados del complejo industrial‑militar estadounidense, con un eje visible en Boeing y su rama de defensa, así como la división de sistemas de Northrop Grumman. También se sanciona a ejecutivos clave, entre ellos el fundador de una startup de tecnología militar.

En el plano instrumental, las medidas incluyen congelamiento de activos bajo jurisdicción china, prohibición de relaciones de empresas e instituciones chinas con las entidades sancionadas y restricciones de ingreso al territorio nacional (incluyendo Hong Kong y Macao) para las personas designadas. Esta escalada selectiva busca no solo imponer costos directos, sino desincentivar futuras asociaciones comerciales con el sector de defensa de EE.UU., elevando la presión económica y política en el largo plazo.

Aunque el impacto económico directo sobre estos contratistas pueda ser limitado —dada su baja exposición al mercado chino—, la lógica estratégica apunta a internalizar costos político‑económicos dentro del ecosistema que sostiene la asistencia militar a Taiwán. Se eleva el “precio” reputacional, regulatorio y operativo para empresas y tomadores de decisiones, transformando cada transacción en un cálculo de riesgo ampliado. Así, China proyecta la disuasión más allá del ámbito estrictamente militar, incorporando coerción económica como pilar complementario de su estrategia integral de presión.

El cálculo incorpora a Boeing como puente entre defensa y economía civil global. Al incluir en las sanciones a la rama militar de la compañía ubicada en St. Louis, Beijing inyecta credibilidad coercitiva: China es uno de los mayores mercados para los aviones comerciales de Boeing, y la señal es clara: la continuidad de esa relación queda condicionada al comportamiento estratégico de Washington respecto a Taiwán.

En el marco del dilema de seguridad, esta dinámica acelera el ciclo acción‑reacción. A la asistencia militar estadounidense se responde con coerción económica calculada; y al tocar intereses civiles y comerciales sustantivos —como el caso Boeing ilustra—, se busca elevar la sensibilidad política doméstica y el riesgo corporativo en EE.UU. El objetivo es crear fricciones y costos internos que, aun siendo marginales en el corto plazo, influyan en el cálculo político sobre la sostenibilidad futura del apoyo a Taiwán, añadiendo una capa de disuasión económica a la confrontación estratégica.

5) Japón: presupuesto récord y cambio doctrinal como factor de internacionalización del Estrecho

El 26 de diciembre, el gabinete del gobierno japonés aprobó un presupuesto de defensa récord de ¥9,04 billones (≈ 9,04 trillones de yenes; aproximadamente 58 mil millones de dólares), lo que representa un aumento interanual cercano al 9,4% y consolida la senda para alcanzar el objetivo del 2% del PIB en defensa para 2027. La partida prioriza el desarrollo y adquisición de capacidades de “contraataque” —incluyendo misiles de largo alcance—, materializando un giro doctrinario que se aleja de la estricta postura defensiva.

Este movimiento no representa solo un incremento presupuestario: constituye la materialización operativa de una doctrina que busca internacionalizar activamente el esquema de disuasión en el Estrecho. Esta evolución redefine el cálculo estratégico en el teatro: eleva de forma drástica y cuantificable el costo de cualquier acción militar contra Taiwán, al obligar a un potencial adversario a enfrentar una amenaza multidireccional y sostenida. Con ello, Japón no solo consolida su propia defensa, sino que altera de manera estructural el equilibrio de poder y la arquitectura de disuasión regional.

Esta nueva política presupuestaria y doctrinal es expresión de un revisionismo estratégico integral que reconfigura los límites del pacifismo constitucional japonés post‑1945. Dicho revisionismo, plasmado y acelerado en documentos oficiales como las sucesivas Estrategias de Seguridad Nacional y en la legislación sobre autodefensa colectiva, ha encontrado en el liderazgo de la primera ministra Sanae Takaichi no solo respaldo político, sino impulso para alcanzar un punto de inflexión operativo: la transición desde un marco doctrinario hacia capacidades militares de alcance ofensivo con una política presupuestaria de largo plazo.

Su gobierno consolida un cambio de paradigma: la seguridad de Taiwán deja de ser un interés periférico y pasa a ser componente central, operativamente vinculante, del núcleo de la alianza Washington‑Tokio. Este giro transforma lo que históricamente fue una cuestión bilateral de poder entre China y Estados Unidos en un desafío de seguridad colectiva indelegable para el orden regional.

6) “Justice Mission 2025”: características militares, doctrinarias y comunicacionales

El 29 de diciembre, el Comando del Teatro Oriental del EPL activó “Justice Mission 2025”, un ejercicio de operaciones conjuntas de gran escala que integró fuerzas terrestres, navales, aéreas, de misiles y guardacostas. La fase culminante se ejecutó el 30 de diciembre, consistente en maniobras de fuego real con un patrón operativo de cerco y aislamiento diseñado para simular el bloqueo de la isla.

Operativamente, se establecieron cinco zonas de exclusión aérea y marítima y dos zonas de peligro, interrumpiendo temporalmente el tráfico civil y normalizando la restricción del espacio común. Las maniobras practicaron el aislamiento estratégico mediante ataques simulados a blancos críticos y ejercicios de interdicción marítima para cortar accesos a puertos clave (Kaohsiung y Keelung). En paralelo, una presencia aérea y naval intensiva rodeó la isla e incluso realizó aproximaciones a su zona contigua (24 millas náuticas), empujando deliberadamente los límites de la normalización del riesgo tanto operativo como político‑diplomático.

En lo doctrinal, el ejercicio materializó el concepto de “guerra integrada en múltiples dominios” bajo una estructura de mando conjunto. Comunicacionalmente, fue un mensaje de alta intensidad y precisión: no se trató de una demostración genérica de fuerza, sino de un ensayo operativo verosímil y escalonado de un escenario de coerción máxima, dirigido simultáneamente a audiencias en Taiwán, Washington, Tokio y la región, con el propósito de disuadir mediante la demostración de una capacidad ejecutable.

La conclusión controlada de la fase de fuego real demuestra la capacidad de China para abrir y cerrar a voluntad ciclos de coerción militar de alta intensidad, sin traspasar necesariamente el umbral del conflicto abierto. Esta habilidad para modular la presión degrada de manera sostenida el entorno operativo y psicológico de Taiwán e impone un costo de disuasión continuo a terceros actores, afirmando el dominio de Beijing sobre el tempo y los términos de la crisis.

En el plano político y doctrinal, Beijing enmarcó el ejercicio como acto de defensa de soberanía e integridad territorial, dirigiendo su advertencia simultáneamente contra las “fuerzas separatistas en Taiwán” y contra la “interferencia externa”. Esta dualidad de destinatarios es fundamental para comprender su alcance: se trata, a la vez, de un ejercicio militar y de una acción de comunicación estratégica; de una respuesta integrada contra un posible sistema de intervención aliado.

Las operaciones simuladas de bloqueo, la búsqueda de superioridad localizada y la degradación de la conciencia situacional del adversario no fueron maniobras aisladas, sino condiciones habilitantes dentro de una estrategia A2/AD. Su demostración pública tuvo por fin disuadir a una coalición externa, señalando que cualquier intervención se enfrentaría a un entorno operativo severamente negado y a una cadena de mando y logística bajo constante asedio.

7) Respuesta de Taiwán: disuasión mesurada, “despliegue rápido” y efectos sistémicos

Taiwán elevó la alerta y condenó los ejercicios calificándolos como una “provocación militar inaceptable”. Durante la mañana del 29 de diciembre reportó actividad intensa: más de 80 aeronaves y cerca de 30 buques operando alrededor de la isla; se registraron situaciones de tensión a distancia y despliegues de vigilancia.

Se ejecutaron simulacros de despliegue rápido —incluyendo reposicionamientos de defensas como Sky Bow III— y activación de sistemas de respuesta.

En paralelo, Taipei difundió material audiovisual exhibiendo capacidades (HIMARS de largo alcance), sugiriendo la posibilidad de golpear blancos costeros en Fujian. El objetivo fue reforzar un mensaje de costo para el agresor (castigo limitado) sin declararlo como doctrina ofensiva. La idea‑fuerza fue equilibrar señales: no ofrecer un pretexto de escalada, pero sostener credibilidad disuasiva ante la población doméstica, Beijing y aliados.

En el plano sistémico, un bloqueo —real o intermitente— alrededor de Taiwán afectaría la dinámica del transporte marítimo global. El Estrecho constituye un chokepoint primario para el flujo de hidrocarburos, componentes tecnológicos avanzados y cadenas de suministro del Asia‑Pacífico.

Durante este ejercicio y versiones anteriores, compañías navieras han indicado que el tráfico comercial tiende a modificar rutas de navegación sin interrupciones críticas. Por tanto, un eventual “shock” depende de la duración, de las reglas de enfrentamiento y de si un bloqueo buscaría coerción limitada o aislamiento total.

8) Conclusión: “Justice Mission 2025” y la entrada a una fase más inestable del dilema de seguridad

Diciembre de 2025 condensa una aceleración cualitativa del dilema de seguridad en torno al Estrecho de Taiwán: refuerzo defensivo occidental/regional, percepción de amenaza en la conducción política de la RPCh y respuesta combinada —económica y militar— orientada a elevar costos, reducir márgenes de maniobra y normalizar un patrón de coerción practicable.

En este marco, Justice Mission 2025 no debe leerse como un evento unilateral, ilegal o irracional de la RPCh, sino como un instrumento de señalización estratégica con contenido operacional inserto en una escalada muñtilateral reciente y anclada en rivalidades sistémicas de largo plazo: zonas de exclusión inéditas por cobertura, ensayos de bloqueo y aproximaciones al entorno inmediato de la isla, en una lógica A2/AD que busca dificultar la intervención externa en le proceso de reunificación nacional, aun cuando tensione rutas que conectan el Pacífico occidental con el sistema global.

Este desplazamiento es decisivo porque confirma que la rivalidad ya no se expresa solo en el plano militar: la escalada integra una fase multidominio (diplomática, económica y militar) donde la coerción busca operar también sobre condiciones políticas internas del adversario y sobre su ecosistema industrial.

Las contramedidas chinas —sanciones a empresas y ejecutivos vinculados a transferencias de armamento— buscan expandir el costo de la asistencia a Taiwán hacia el complejo militar‑industrial estadounidense, con un componente reputacional, regulatorio y de “sensibilización” de cadenas civiles (la arista Boeing es relevante aquí, por su carácter de puente entre defensa y economía civil global). Incluso si el impacto material inmediato es limitado, el efecto estratégico puede ser significativo por lo que señala: voluntad de instrumentalizar interdependencia y elevar el precio político‑económico de sostener la trayectoria de apoyo militar a Taiwán, complementando la disuasión militar con coerción económica.

Desde Chile, es relevante reconocer que este chokepoint dejó de ser una variable lejana: la estabilidad del corredor incide sobre vulnerabilidades comerciales, macroeconómicas, logísticas y sistémicas de un Estado marítimo‑comercial mediano. En consecuencia, la posición más robusta combina (i) coherencia estricta y verificable en torno al principio de “Una sola China” como marco de previsibilidad estatal, y (ii) fortalecimiento de inteligencia estratégica para anticipar shocks y evitar decisiones reactivas.

En esta nueva fase, la diplomacia de segundo track —cuando se conecta con instituciones sensibles (defensa, seguridad, inteligencia, think tanks con vínculos operacionales o programas de “diplomacia militar”)— representa un riesgo específico por su potencial de producir señalización ambigua atribuible al Estado, erosionar la coherencia de la conducta estatal bajo “Una sola China”, abrir flancos de captura narrativa y/o generar pasivos reputacionales con Beijing (y, por extensión, con terceros que monitorean consistencia).

El riesgo es mayor cuando esos vínculos se presentan como “técnicos” o “académicos” pero tocan núcleos de seguridad internacional, porque desplazan costos desde el plano estrictamente diplomático hacia el plano de la confianza estratégica en la previsibilidad chilena.

8.1) Monitoreo permanente: hipótesis e indicadores con foco marítimo‑asegurador

Para evitar diagnósticos forzados o sesgados por narrativas y propaganda, conviene sostener el seguimiento sobre tres hipótesis operativas —mínima, de ventana y sistémica— traducidas a indicadores observables, con énfasis en transporte marítimo y mercado de riesgos:

Indicadores de “bloqueo practicable” (zona gris): recurrencia y densidad de zonas de exclusión; acercamientos a líneas sensibles; empleo combinado de guardacostas/milicia marítima; patrones de hostigamiento y control “administrativo” del mar/aire (sin guerra abierta).
Persistencia en definiciones políticas ofensivas y correspondencia en el desarrollo doctrinario y operacional de las fuerzas armadas de EE.UU. , Japón y Taiwán.
Indicadores logísticos: desvíos sostenidos de rutas; congestión y tiempos de espera; variaciones inusuales en fletes transpacíficos y recargos por riesgo; interrupciones o “ventanas” de navegación; afectación de vuelos de carga como proxy de fricción operacional.
Indicadores aseguradores: cambios en cláusulas de war-risk de cobertura, ajustes de primas y recargos, y señales de stress en aseguramiento de carga para tránsitos cercanos al teatro. La industria de seguros opera como “sensor” de escalada.
Indicadores de coerción económica: ampliación de sanciones, restricciones tecnológicas y financieras; mensajes oficiales que redefinan umbrales o “líneas rojas”.

Referencias: