Chile, país marítimo con una institucionalidad reconocida por su cumplimiento normativo, enfrenta el desafío de sostener su soberanía cognitiva frente a narrativas geopolíticas de la pesca ilegal, afirmando una política oceánica sustentada en datos verificables, cooperación multilateral y liderazgo marítimo en el marco del Tratado de Alta Mar BBNJ.